En la democracia española, la figura del asesor político ha evolucionado de ser un apoyo técnico a convertirse en un pilar estructural del poder ejecutivo. Bajo el mandato de Pedro Sánchez en la XV legislatura (2023-2027), el número de asesores ha alcanzado un récord histórico: 924 en todo el Gobierno, de los cuales 471 están al servicio exclusivo del presidente en Moncloa (Boletín Estadístico). Este fenómeno no solo refleja un cambio cuantitativo, sino también cualitativo, que invita a reflexionar sobre el nepotismo político y su impacto en la gobernabilidad democrática. En Revista Rambla nos preguntamos: ¿Es justificable que un presidente se rodee de un ejército de asesores seleccionados por confianza? ¿Qué supone este gasto millonario para los contribuyentes? Y, sobre todo, ¿cómo afecta esto a la salud de nuestra democracia?

Un récord histórico: el ejército de asesores de Pedro Sánchez

Los datos son claros: Pedro Sánchez cuenta con 471 asesores en Moncloa, más que cualquier otro presidente en la historia de la democracia española (El Confidencial). Estos asesores, clasificados como personal eventual, son contratados temporalmente para funciones de confianza o asesoramiento especial, según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007). En total, el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar dispone de 924 asesores, de los cuales el 50,9% están asignados a la Presidencia, lo que evidencia una concentración significativa de recursos humanos en el entorno del presidente.

Para contextualizar, durante el mandato de Felipe González (1982-1996), el número total de asesores en el Gobierno alcanzó un máximo de 445 en 1995. José María Aznar (1996-2004) llegó a 460 en 2002, José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) a 663 en 2010, y Mariano Rajoy (2011-2018) a 595 en 2017 (Newtral). Sánchez, con 924 asesores en 2024, no solo supera estas cifras, sino que duplica el número de asesores de sus predecesores más cercanos. Esta tendencia ascendente, que se ha acelerado desde la llegada de Sánchez al poder en 2018, plantea preguntas sobre la necesidad y la eficiencia de tal estructura.

El costo económico: un lujo para los contribuyentes

El impacto económico de esta proliferación de asesores es considerable. Con un salario medio estimado de 2.500 euros al mes, basado en las escalas salariales de los funcionarios (INE), el costo anual de los 471 asesores de Sánchez asciende a aproximadamente 14,13 millones de euros. Si consideramos los 924 asesores del Gobierno en su totalidad, el gasto supera los 59 millones de euros al año, según datos de ejecución presupuestaria de 2024 (El Confidencial).

En comparación, el último año completo de Mariano Rajoy (2017) registró un gasto de 39 millones de euros en asesores, un 51% menos que el actual. Este incremento no solo representa una carga adicional para los contribuyentes, sino que también plantea dudas sobre la eficiencia de un sistema que destina recursos significativos a personal de confianza en lugar de otras prioridades públicas, como la sanidad, la educación o la investigación.

Los fondos para estos asesores provienen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), específicamente de los créditos asignados a cada ministerio para «personal eventual». En el caso de la Presidencia, estos créditos están gestionados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo que garantiza una asignación directa para el equipo de Sánchez.

Áreas de asesoramiento: un reflejo de la estructura ministerial

Los asesores están distribuidos entre los diferentes ministerios, lo que implica que cubren una amplia gama de sectores. Entre las áreas de asesoramiento se incluyen:

Ministerio Área de Asesoramiento
Economía, Comercio y Empresa Políticas económicas y comerciales
Asuntos Exteriores, UE y Cooperación Relaciones internacionales
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Bienestar social y migraciones
Educación y Formación Profesional Educación y formación
Transición Ecológica y Reto Demográfico Sostenibilidad y cambio climático
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Justicia y administración pública

Esta diversidad refleja la complejidad de las políticas gubernamentales, pero también plantea la pregunta de si un número tan elevado de asesores es necesario para cubrir estas áreas, especialmente cuando existen funcionarios de carrera con experiencia técnica.

Nepotismo político: una amenaza a la meritocracia

El nepotismo, entendido como la práctica de favorecer a personas cercanas otorgándoles empleos, encuentra un terreno fértil en la contratación de personal eventual. Aunque no todos los asesores son necesariamente amigos o familiares del presidente, la naturaleza discrecional de su selección permite priorizar la lealtad política sobre la competencia profesional. En este sentido, los 471 asesores de Sánchez pueden interpretarse como una forma de nepotismo político, donde la afinidad ideológica y la confianza personal priman sobre la meritocracia.

El politólogo Lluís Orriols, autor de Democracia de trincheras, señala que esta tendencia no es exclusiva de España: «En muchos países, los líderes políticos tienden a rodearse de un círculo de confianza para garantizar la lealtad y el control» (El Confidencial). Sin embargo, en España, este fenómeno ha alcanzado niveles preocupantes. «Cuando un presidente tiene más asesores que cualquier otro en la historia, es inevitable preguntarse si esto responde a una necesidad real o a un deseo de concentrar poder», añade Orriols.

El profesor de Ciencia Política Juan Carlos Tafoya refuerza esta idea: «El nepotismo no solo es una cuestión ética, sino también una amenaza para la eficiencia gubernamental. Un Gobierno que se rodea de ‘sí mismo’ pierde capacidad para innovar y responder a las necesidades reales de la sociedad». La concentración de asesores leales al presidente puede limitar la diversidad de opiniones, fomentar un entorno de «síndrome del séquito» y reducir la capacidad de tomar decisiones equilibradas.

Implicaciones para la democracia

La democracia se fundamenta en el equilibrio de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, un número excesivo de asesores puede erosionar estos principios de varias maneras:

  1. Concentración de poder: La presencia de 471 asesores exclusivos para Sánchez refuerza su control sobre la toma de decisiones, potencialmente marginando a otros actores institucionales, como los funcionarios de carrera o los ministerios técnicos.
  2. Falta de transparencia: La selección discrecional de asesores dificulta garantizar que los puestos se asignen por mérito, lo que puede alimentar percepciones de favoritismo.
  3. Erosión de la confianza ciudadana: Cuando los ciudadanos perciben que los puestos públicos se otorgan por lealtad política, la legitimidad del sistema se ve comprometida.
  4. Ineficiencia económica: El gasto de 59 millones de euros en asesores desvía recursos de áreas prioritarias, lo que puede generar descontento social.

Estas implicaciones no son meras especulaciones. En 2023, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó el número de asesores de Sánchez, afirmando erróneamente que eran 800 en Moncloa. Aunque la cifra real era 390 en ese momento (Newtral), el debate refleja una preocupación generalizada sobre el tamaño y el costo del equipo de asesores del presidente.

Comparativa histórica: una tendencia al alza

La evolución del número de asesores en el Gobierno español muestra una clara tendencia ascendente:

Presidente Año Total Asesores (Gobierno) Asesores Presidente (Estimado)
Felipe González 1995 445 ~100-200 (estimado)
José María Aznar 2002 460 ~100-200 (estimado)
José Luis Rodríguez Zapatero 2010 663 455
Mariano Rajoy 2017 595 ~400 (incluye delegaciones)
Pedro Sánchez 2024 924 471

Aunque las cifras de asesores exclusivos para presidentes anteriores no están siempre disponibles, es evidente que Sánchez marca un hito con 471 asesores en 2024. Esta diferencia no solo se debe al aumento de ministerios (22 en la actualidad frente a 13 bajo Rajoy), sino también a una estrategia deliberada de reforzar el entorno presidencial con personal de confianza.

Un fenómeno global con raíces locales

El uso de asesores no es exclusivo de España. En países como Estados Unidos o Reino Unido, los líderes políticos también se rodean de equipos de confianza para navegar la complejidad de la gobernanza moderna. Sin embargo, en España, la combinación de un elevado número de asesores, un sistema de selección discrecional y un contexto de polarización política amplifica las críticas de nepotismo.

En este sentido, el caso español refleja un desafío más amplio: cómo equilibrar la necesidad de asesores con los principios de meritocracia y transparencia. Mientras que en otros países existen mecanismos más estrictos para regular la contratación de personal eventual, en España, la falta de controles rigurosos permite que el sistema sea vulnerable a prácticas clientelares.

Hacia un gobierno más ágil y transparente

El caso de los asesores de Pedro Sánchez es un ejemplo paradigmático de cómo el nepotismo político puede infiltrarse en las estructuras democráticas. Con 471 asesores exclusivos para su equipo, Sánchez ha establecido un récord que no solo supera a sus predecesores, sino que también plantea serias dudas sobre la sostenibilidad y la ética de este modelo. El costo de 14,13 millones de euros al año para estos asesores es un lujo que España, con sus desafíos económicos y sociales, no puede permitirse sin una justificación clara.

En una democracia madura, el liderazgo debe basarse en la meritocracia, no en la lealtad personal. Es hora de que los gobiernos revisen sus estructuras para garantizar que los puestos públicos sean ocupados por las personas más cualificadas, no por aquellas que son más cercanas al poder. Esto implica establecer criterios transparentes para la contratación de asesores, limitar su número y priorizar el uso de funcionarios de carrera con experiencia técnica.

Solo mediante estas reformas se podrá restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que la democracia funcione para todos, no solo para unos pocos. Mientras tanto, el ejército de asesores de Sánchez seguirá siendo un símbolo de los desafíos que enfrenta la democracia española en su búsqueda de transparencia y equidad.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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